Ante la gravedad del penúltimo (¿) episodio del asalto que se está gestando contra el PCV, auspiciado por los poderes institucionales de Venezuela, el Comité Ejecutivo del PCPE emite un comunicado urgente de solidaridad internacionalista con nuestros camaradas con las siguientes puntualizaciones:

Repudiamos la miserable reunión de un grupo de individuos que han pretendido escenificar un “congreso oficial” de presuntos comunistas para liquidar a la Dirección Central del PCV, incluido su Secretario General.

El PCPE tiene una experiencia reciente que le avala para identificar a los bandidos – igual que hicimos en nuestro caso con absoluta claridad - que pretenden atracar violentamente la legalidad jurídica y política de la organización de vanguardia de la clase obrera de Venezuela, es decir, el PCV.

Todos los que pretendan eliminar al PCV sólo se justificarán como sicarios que se ponen a disposición de un objetivo criminal que de forma vulgar exponen su troskismo, su miseria y su amoralidad, es decir, su anticomunismo y su desprecio a los intereses y necesidades de la clase obrera. Igualmente mostramos nuestra solidaridad con el pueblo revolucionario chavista que enfrenta combativamente la defensa del Proceso Bolivariano en unas condiciones adversas en las que las posiciones burguesas y la corrupción institucional se abren paso aceleradamente.

El PCPE sólo reconoce al PCV que tiene su sede del Comité Central en Caracas, en la calle Jesús Faria, Edificio Cantaclaro, único lugar en la capital venezolana donde los comunistas disponen de sus propias instalaciones para emitir pronunciamientos públicos. Quien pretenda suplantar la personalidad del PCV sólo lo podrá realizar con prácticas nauseabundas y en locales ajenos a los de propiedad del PCV. En este domicilio, el PCPE asistió presencialmente al XVI Congreso del PCV donde con todo rigor formulado en las Normas, se aprobó la composición de la Mesa del Congreso y el Reglamento del mismo.

DECLARACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PCPE

Tras los resultados del pasado 28 de mayo de las elecciones municipales y autonómicas, y la posterior convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, el Comité Ejecutivo del PCPE realiza las siguientes consideraciones:

  1. De manera progresiva, el bloque oligárquico-burgués del estado español recupera el bipartidismo como forma de dominación institucional, sirviendo a sus intereses como clase hegemónica en el poder. Las “alternativas” (PODEMOS y Ciudadanos) surgidas como consecuencia de la crisis del 2008 y el descrédito generado por los partidos tradicionales, llegan a su fin, habiendo cumplido su misión de apuntalamiento del capitalismo mediante la desorientación ideológica de amplios sectores sociales.

  1. El PSOE, como legítimo representante de la socialdemocracia liberal, se constituye en el único representante estatal del ámbito político de la “izquierda” de este régimen monárquico-burgués. Junto a él, ocupan ese espacio socialdemócrata las diversas opciones del llamado nacionalismo periférico progresista que sí refuerzan o sostienen sus posiciones.

  1. VOX como alternativa que claramente representa el fascismo españolista se institucionaliza sin ningún tipo de cortapisa en todo el territorio, a excepción de Euskal Herria y Catalunya. La Transición trajo consigo la impunidad y el blanqueamiento del fascismo, y de aquello barros, estos lodos y la normalización que desde los medios y el poder se ha hecho de las propuestas fascistas han permitido su avance.

“La meta del dominador ha sido subyugar las mentes de los explotados, siempre por medio del engaño, la manipulación y la mentira”.

Para erigir un antiimperialismo cultural efectivo son imprescindibles dos condiciones. La primera de ellas es el acceso masivo, gratuito e inclusivo a los sistemas educativo y cultural (con énfasis en lo artístico) de toda la población de cualquier nación. La otra condición es que los principales medios de difusión masiva (prensa, radio, televisión y soportes digitales) estén en manos del Estado, ya sea socialista, con orientación socialista, progresista o defensor de su identidad e historia cultural y nacional, nunca privado ni monopolizado.

Obviamente el antiimperialismo cultural es la oposición político-cultural al tipo de imperialismo que impone su ideología y su filosofía desde los medios de comunicación social, de los cuales es dueño, y mediante los cuales fija los valores, opiniones, fundamentos, vicios y reflejos condicionados sobre sus sociedades domésticas y hacia el resto de la humanidad. La imposición cultural, entendiendo el término culturacomo la producción y reproducción de los modos de pensar, hacer, sentir y apropiarse de toda la creación humana, ha sido un rasgo característico de las clases explotadoras, desde el esclavismo hasta la actualidad.

Hay que entender los rasgos del imperialismo cultural desde el análisis leninista del concepto de imperialismo, brillantemente definido por sus rasgos característicos. Lenin puntualiza cinco rasgos para la fase económica superior y última del capitalismo: la presencia de monopolios por encima de empresas pequeñas, medianas y aisladas; la unión del rico industrial con el opulento bancario, que conformó una poderosa oligarquía financiera; esta oligarquía, dueña de los monopolios, supera la exportación de mercancías e introduce la exportación de capitales, que no es más que exportar el conjunto de medios (fábricas, bancos, hoteles, sistemas de transporte, medios de difusión masiva, etc.) que les permiten explotar directamente fuerzas de trabajo (barata), materias primas, infraestructuras y economías nacionales, mercados y otros que les reporten sustanciosas ganancias. Con estos rasgos, participan de manera permanente en los repartos territoriales y económicos del mundo, los últimos atributos del imperialismo.

La filosofía es bien simple: desenfunda primero y apuesta fuerte, que el ganador se lo lleva todo

La Halliburton, una corporación estadounidense que se dedica a la prestación de servicios en los yacimientos petroleros, ganó, con la guerra en Iraq, 20 000 millones de dólares. Foto: Russia Today

Cualquier persona razonable que siga el curso de las operaciones bélicas en Ucrania puede llegar a la conclusión de que se trata de una verdadera locura, que va contra toda lógica.

El frenesí de los gastos militares consagrados a «ayudar» al «pueblo ucraniano» a repeler la «invasión» rusa, lejos de disminuir, crece por día, acompañado de una bacanal de reuniones y pronunciamientos dirigidos a manipular los sentimientos, a fin de obnubilar cualquier análisis sensato y ocultar la agenda fascistoide y revanchista de los autores.

Discursos de elevado matiz belicista y juegos de guerra peligrosos, cada vez más temerarios, dirigidos a cruzar línea roja tras línea roja, acercándose a un área sin retroceso posible que puede llevar al mundo a una catástrofe nuclear.

Cualquiera se preguntaría: ¿Los líderes mundiales involucrados o cómplices de esa política agresiva no ven el riesgo? ¿Acaso alguien los ha convencido de que pueden sobrevivir a un conflicto atómico?

No los salvarían ni los más profundos túneles o bunkers, ni viajar y refugiarse en el espacio exterior. Estados Unidos sobreviviría 15 minutos a este tipo de guerra, y Europa mucho menos.

Para entender este asunto, hay que comprender primero que se trata de una sociedad en la cual ambición y estulticia se han aliado para conformar un frente de muy ricos adeptos al poder y al dinero, y que padecen una adicción incontrolable.

El ciclo de la industria de la defensa comienza con los argumentos y discursos que legitiman la necesidad cada vez mayor de armas y de ejércitos más grandes y modernos, amparados en temas que tienen que ver con supuestas amenazas a la seguridad nacional.

Disponer de un transporte público de calidad, accesible y adecuado a las necesidades del pueblo trabajador no es solo una necesidad, es un derecho que el PCPE reclama con determinación en su programa electoral.

Durante décadas, tanto a nivel estatal como autonómico y local, las administraciones públicas han gestionado bajo el yugo de los intereses del capital, legislando y decretando medidas a favor de la privatización del transporte público. Las maniobras para llevar a cabo su negocio son principalmente dos: la primera es la del saqueo, que consiste en poner en manos de la empresa privada lo que hasta ahora ha sido público, es decir, a través de los presupuestos públicos se invierte en el fomento de redes de transporte, se dotan de infraestructura y se ponen en marcha. Posteriormente y a través de progresivas maniobras de deterioro del servicio, se justifica la necesidad de buscar soluciones a las carencias y problemas derivados, lo cual pasa por la liberalización de la red y la consecuente entrega de su gestión a manos privadas; la segunda estrategia para la privatización del trasporte es aún más directa y se trata de la concesión, poniendo en manos privadas todo tipo de subvenciones, ayudas y medios para que sean estas quienes desarrollen las estrategias de transporte colectivo que mejor se adapten a sus intereses empresariales. Los consistorios locales y autonómicos presentan su proyecto, reciben las propuestas y conceden el privilegio de gestionarlo a quienes consideren. Un negocio redondo a costa del sufrimiento del pueblo trabajador, que soporta también el deterioro de sus condiciones de vida a través de un transporte caro, lento, inoperante, de mala accesibilidad y que no da respuesta a sus necesidades de movilidad.

En su afán por aumentar beneficios el capitalismo no duda en esquilmar los recursos naturales, aún más en este contexto en el que la agudización de su crisis alcanza niveles que lo llevan a agonizar. Podemos afirmar que nos situamos ante un escenario en el que el saqueo del planeta se torna insostenible, irrecuperable en muchos casos. Ante ello no queda duda de que solo la ruptura con la dictadura del capital y el avance hacia el socialismo garantiza un futuro medioambientalmente equilibrado, un horizonte que sitúa un nuevo modelo de convivencia con la naturaleza forjado por del trabajo y la organización en los frentes de lucha. En este sentido, el PCPE asume el campo electoral como un frente más, un espacio en el que aportar y compartir con el pueblo trabajador propuestas transformadoras, alejadas de esos cantos de sirena que ofrece el entorno del reformismo y la socialdemocracia y que, en la práctica, no suponen más que el refuerzo a los fundamentos del llamado capitalismo verde. El PCPE, consciente de todo ello, incorpora en su programa electoral una serie de iniciativas que, aún sin ser definitivas, resultan determinantes para aplacar las consecuencias del deterioro medioambiental y avanzar hacia un futuro en el que el pueblo trabajador habite un planeta vivo y saludable.

Algunas de las propuestas más significativas ahondan en el problema de la escasez del agua. El afán por favorecer la agricultura intensiva, las macro granjas y las industrias que gastan y malgastan cantidades ingentes de agua, benefician el saqueo de los recursos hídricos y la contaminación del poco agua que nos queda. Es urgente avanzar hacia políticas que preserven y ordenen adecuadamente el uso de este bien universal e imprescindible para la vida.

A su vez, nuestras costas se están degradando al mismo ritmo que se potencia la especulación urbanística y los planes de turismo de masas. Todo ello arrastra un enorme problema económico y social para las zonas afectadas, así como para las trabajadoras y los trabajadores esclavos de las garras de las empresas del sector, pero también y no menos importante es el deterioro medioambiental que se origina en los terrenos y los ecosistemas afectados. La degradación de las zonas costeras conlleva, entre otros aspectos, la desaparición de la biodiversidad y, en consecuencia, la repercusión directa en la agricultura, la pesca, la calidad del aire, etc. de los lugares implicados. La solución pasa por implementar de inmediato planes de ordenación urbanística y medidas sobre la industria turística, así como acciones para la recuperación y mantenimiento de las costas, con la expropiación de los terrenos que estén afectando a la calidad de las mismas y la total recuperación de los espacios dañados.



Es una expresión que va más allá de una simple consigna de carácter electoral o de agitación. En esta se sintetiza un ideario político que pretende que los diferentes estamentos de poder del actual estado burgués, estamentos corrompidos, sean superados, destruidos y reemplazados por verdaderas estructuras políticas de gobierno y legislativas en manos de las trabajadoras y trabajadores.

El PCPE en su programa propone al pueblo trabajador la innegociable propuesta de la creación de los comités obreros y de trabajadores desde los que participar en el gobierno de las administraciones políticas, ayuntamientos y gobiernos autonómicos y del estado.

Comités que desde la realidad concreta pueden y deben elaborar propuestas políticas con las que ir dando respuestas a necesidades tan vitales como es la vida laboral y social de los empleados públicos, políticas laborales, salariales y sociales que desde el ejemplo de los comités de trabajadoras/es públicos serán un reflejo, ejemplo de desarrollo del poder popular para el conjunto de la clase obrera y sectores populares.

Los trabajadores del sector público, ayuntamientos y administraciones autonómicas o centrales organizan desde sus puestos de trabajo los comités de poder popular, comités desde los que hacer política en defensa de los intereses de la mayoría del pueblo trabajador. Estos exigen la participación en los gobiernos municipales, autonómicos y centrales. Participación que está orientada a velar y organizar los recursos humanos y económicos de estas administraciones no tan solo para garantizar su bienestar, también para un mejor servicio al pueblo.

COMUNICADO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PCPE

El Comité Ejecutivo (CE) del PCPE denuncia el proceso de permanente derechización de la formalidad electoral en el régimen monárquico-burgués del estado español, que adquiere una esperpéntica puesta en escena en los medios de comunicación de masas.

Tanto las encuestas institucionales del CIS como las que se acompañan por el resto de las empresas demoscópicas operan en la canalización del voto para los partidos del sistema y algo han debido detectar para que el centro del debate sea los candidatos de Bildu que pertenecieron a ETA, algunos de ellos con largas condenas de cárcel y privación de libertad que ya han cumplido.

Se abrieron las compuertas del embalse, pero el fango y la porquería permanece. A Bildu no le ha bastado con su evolución hacia la socialdemocracia y convertirse en una pata más del sistema, para ser utilizado como chivo expiatorio de la miseria política que ha supuesto la llamada “Transición” cuando se trata de llamar la atención sobre elementos inmateriales que no forman parte de las empobrecidas condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares que son las auténticas víctimas del especulador y corrupto capitalismo. El recurso al espantajo para desviar la atención de lo realmente importante y necesario, es una práctica habitual de la falsa democracia burguesa.

La utilización del comodín del “terrorismo” ilustra la partida de cartas marcadas que, entre otras cosas, desempeñan el propósito del olvido de la represión, tortura, asesinato y desapariciones que llevan ocurriendo desde hace más de 80 años en la España católica y apostólica. ¿Cuántas ilustres señorías han pasado por las dos cámaras teniendo un pasado directo o indirecto con la represión y hasta con delitos de sangre?, ¿nos olvidamos de la “ley de punto final” que supuso la Reforma Política aprobada por las Cortes franquistas en 1976?..., de aquellos barros, estos lodos.

 

Comenzamos este artículo con una consigna histórica de los barrios obreros por lo evidente y necesario que resulta en estos tiempos recuperar algunas de nuestras reivindicaciones históricas, por mucho que el acceso a la información (y también a la desinformación) sea más fácil que hace unos años.

La cultura y la educación responden a unos intereses de clase y en el sistema en el que vivimos, son una mercancía más con la que se pueden llenar los bolsillos muchas empresas. El acceso a la educación y a la cultura deberían ser derechos innegociables para cualquier partido que gestiona un ayuntamiento o una comunidad autónoma, sin embargo, la realidad en muchos de nuestro pueblos y ciudades es bien distinta.

Años de privatizaciones (o colaboración público-privada en jerga liberal), de recortes sistemáticos de personal docente, ratios de alumnado en claro ascenso, de falta de material escolar, de cierres de bibliotecas… no son en balde y tienen sus claras consecuencias. En el ámbito político, el ascenso del fascismo y de sus partidos, el repunte de las agresiones machistas entre la juventud como claro ejemplo del rearme del patriarcado o el militarismo como expresión más clara de la cara más agresiva del imperialismo, son algunas de las expresiones que están vinculadas a la privatización de la educación y de la cultura.

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