EL MENSAJE DE LOS MIGRANTES: “DAMOS DE COMER A LA GENTE, ¿POR QUÉ NO NOS TRATAN COMO SERES HUMANOS?”

Seidú Diop muestra las lamentables condiciones en las que viven en Lepe, Huelva, sus compañeros subsaharianos y magrebíes.

Llevamos un montón de años así, somos trabajadores agrícolas que estamos recogiendo la fruta roja», señaló el trabajador. Este joven senegalés vivió durante cuatro meses en uno de estos asentamientos. «Tuve un poco de suerte porque me salí de allí lo antes posible. Pero es muy difícil porque no hay vivienda», explica Seidú.

 

Por segunda vez Saint-Barthélemy escribe un capítulo en la lucha de clases. Este es un un barrio del norte de Marsella, donde los 77 empleados de un McDonald’s ya protagonizaron un capitulo de lucha contra la empresa transnacional en el año 2018, cuando iniciaron una huelga para evitar el cierre del establecimiento. Denunciaron que bajo la excusa de tener pérdidas, lo que se escondía era un intento de acabar con un establecimiento que era un foco de activismo sindical, puesto que según la plantilla el restaurante era viable.

 

Las trabajadoras de la salud en el Jacobi Medical Center de El Bronx, una de las zonas más castigadas por el Covid-19 en Nueva York, denuncian estar tratando a los pacientes sin la protección adecuada y en muy malas condiciones.

Un grupo de enfermeros estadounidenses en Nueva York protestan por la escasez de equipo médico y protección personal en hospitales del país.

Seguramente sin la crisis sanitaria actual seguiríamos mirando a otro lado pese a las denuncias de las trabajadoras de residencias de tercera edad y las de algunos colectivos de familiares. La gallina de los huevos de oro de un servicio público esencial se lo reparten empresas privadas. El accionariado mayoritario son fondos buitre como en VITALIA HOME propiedad del fondo británico CVC, ORPEA o DOMUSVI de fondos franceses o de inversores inmobiliarios en Ballesol, Sanitas o La Saleta. Esas empresas privadas acaparan el 85 por ciento de las plazas y centros disponibles y sus ingresos provienen mayoritariamente de fondos públicos a través de conciertos y concesiones.

 

Trabajan en la conocida como economía de las aplicaciones, llevan años circulando por nuestras ciudades y también denunciando sus condiciones de explotación.

 

Según han denunciado desde la sección sindical de CGT, “la plantilla de Telepizza en todas las ciudades llevamos semanas denunciando públicamente que la empresa se negaba a dotarse de un plan de prevención”.

El pasado viernes día 10, en Zaragoza, casi una decena de trabajadoras y trabajadores de Telepizza, de la tienda situada en la avenida Miguel Servet, han recibido sanciones disciplinarias por negarse a trabajar sin EPIs ni protocolos efectivos de protección contra el COVID-19 con suspensiones de de empleo y sueldo durante 20 días.

Prestan un servicio esencial, son mayoritariamente mujeres y desde el inicio del estado de alarma han estado en primera línea de exposición y sin ninguna medida de protección para su salud. Han ido saltando noticias de su situación y desprotección.

 

Según datos de la propia Diputación, los fallecidos en las Residencias de Gipuzkoa suman ya más de 90; el 70% de los fallecimientos de Gipuzkoa por COVID-19 se han dado ahí. Los contagiados totales en esos centros ascienden a 301.

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