Empecé a ver The Boys porque un amigo comentó en alguna de sus redes que era la serie perfecta para explicar qué es el fascismo a la «chavalada». Pero el fascismo hoy, aunque, como veremos en un segundo artículo, el fascismo y el nazismo de toda la vida también tienen su importancia en la trama de la serie. La premisa de la que parte es la existencia de superhéroes, pero que, en lugar de ser justicieros solitarios (emprendedores románticos contra la sociedad y por ella), están a sueldo, millonario como estrellas del deporte, de una empresa, Vought, que tiene múltiples intereses.

Si comenzamos por lo último, Vought (empresa que oscila entre CocaCola, Disney y la producción de armamento) obtiene beneficios de toda una serie de merchandising de los superhéroes. Aquí parece casi un trasunto de Disney, desde platos y pósteres a grandes producciones cinematográficas. Por otro lado, comienza una campaña para conseguir que el Estado le alquile sus superhéroes para el ejército, como la privatización del sistema de represión tras la invasión de Irak. La referencia que hago a Irak no es fortuita; no obstante, para llegar a ella, he de dar un pequeño rodeo.

No cabe duda: si perteneces a la clase burguesa, a la oligarquía, a la familia real, si tienes a niñas y niños trabajando en Bangladesh a euro el mes, delinque lo que quieras, sale barato. Ahora bien, como seas una pringada o un pringado trabajador, no robes ni una gallina que acabas con años de prisión a tus espaldas.

Y es que, tampoco cabe duda, la justicia burguesa castiga al pobre y exime a cualquiera que tenga un buen puñado de euros en el banco. Y ni decir si se te ocurre criticar y denunciar a este sistema opresor o a cualquiera de sus esbirros, ahí sí que lo pagarás caro.

El Pacto de Toledo  nace  con el objetivo de proveer de recomendaciones efectivas  para el fortalecimiento  del sistema de pensiones públicas del Estado Español.

Las múltiples reformas que ha sufrido a lo largo del tiempo, destacando la última en  Noviembre 2020, no han servido para dicho objetivo.  Tal y como  denuncian organizaciones como COESPE o Marea Blanca de pensionistas, las recomendaciones que se establecen facilitan cada vez más la privatización y la precarización del poder adquisitivo de los jubilados y con mayor incidencia  de las jubiladas.

El Informe Forum de Política Feminista (2018)  denuncia que en los últimos cuarenta  años en las pensiones,  la brecha de género  continúa prácticamente inalterable. También señala que ninguna de las pensiones medias cobradas por las mujeres alcanza el salario mínimo interprofesional. La cuantía media de las pensiones contributivas otorgada  a los hombres  en  2018 era de 1.491 euros,  mientras que la otorgada a las mujeres era  de 622 euros.

Este próximo 27 de febrero desde el PCPE hemos decidido sumarnos y apoyar la convocatoria de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, aportando el trabajo de nuestra militancia en numerosos territorios del estado.

La progresiva privatización de la sanidad en las últimas décadas llevada a cabo tanto por gobiernos neoliberales como socialdemócratas, ha mostrado una sanidad pública muy debilitada y falta de medios y personal ante la pandemia actual. La ganancia de los monopolios privados dictó orden y los partidos de la burguesía obedecieron.

Es necesario revertir toda la legislación que ha permitido la privatización de la sanidad y el debilitamiento del sistema público de salud, así como exigir un modelo sanitario donde los trabajadores y trabajadoras de la sanidad tomen más protagonismo en la gestión de los centros.

Por ello es necesario que fomentemos toda iniciativa de movilización y organización obrera y popular para la defensa de la sanidad, de los servicios públicos y los derechos generales de la clase obrera. Porque solo el pueblo organizado salva al pueblo.

Redacción UyL

Nuestro camarada Francisco Ferrer Gálvez, militante del PCPE en la provincia de Cádiz y de la Plataforma Andaluza contra las Bases y la Guerra, describe de una forma magistral la situación de las bases militares americanas en Rota y Morón desde el prisma de la clase obrera y las capas populares en una entrevista que gira entorno a las respuestas que dió el ministro de Consumo del gobierno de España, Alberto Garzon, andaluz y del Partido Comunista de España, en el programa "El objetivo" sobre las bases militares de la OTAN.

 

 

Más de 33.000 personas no tienen hogar y viven en las calles españolas, según datos de la fundación Hogar Sí. Estas personas ven reducida su esperanza de vida en 30 años con respecto al resto de la población, debido a que a menudo les resulta imposible empadronarse y conseguir su tarjeta sanitaria y no cuentan con las condiciones de salubridad necesarias para recuperarse eficazmente de una enfermedad. El 47 % han sufrido un delito de odio y el 44 % lleva más de tres años en la calle. Es evidente que las personas sin hogar no están en la calle porque quieren, sino que llegan a esta situación a través de una sucesión de experiencias traumáticas encadenadas (muerte familiar, desahucio, separación o divorcio, falta de recursos económicos, etc.) y a la falta de una red de apoyo familiar y afectivo. Estas vivencias provocan que pierdan sus habilidades sociales, sus recursos económicos, su estabilidad emocional y la capacidad de revertir su situación, desembocando  en el impedimento de ejercer sus derechos más básicos. 

Suele decirse que es en los momentos difíciles cuando se muestra el verdadero carácter de las personas. Esa frase es aún más válida para los sistemas sociales.

La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 ha hecho saltar la mayoría de las frágiles costuras del sistema capitalista, agravando sus contradicciones: crisis económica, paro, autoritarismo, control social, manipulación mediática, fractura social, etc. 

Un sector fundamental donde la incapacidad del sistema para resolver las verdaderas necesidades sociales está siendo la Sanidad, donde estamos padeciendo continuas chapuzas, improvisaciones, contradicciones, así como la falta de previsión, inversión y planificación.

Las cañadas reales son vías pecuarias que durante siglos han atravesado la península. Precisamente por eso, se les otorgó el título de reales, para garantizar su protección. Ello se debe a que el ganado, tiene propietario, es una mercancía de la que se extrae un valor, y como tal merece la protección regia. No ocurre lo mismo con los centenares de familias que han dado a la Cañada Real Galiana, a su paso por el sureste de Madrid, una fama totalmente distinta, en la que palabras como narcotráfico, desalojos, chabolismo son habituales. Como explica magistralmente Jorge Furtado en aquel cortometraje, “La isla de las flores”, estas familias son pobres; y lo que es peor, no tienen dueño: son libres y pueden deambular por donde quieran. Por eso, aunque ocupen la Cañada Real y sean tan reales como el ganado, no son el mismo género de mercancía, y en el orden de prioridades van por detrás de los animales.

“Lo peor fue, sin embargo, que no solo se acordó

la amnistía, sino que se decretó el olvido”

(Josep Fontana).

La Ley de Amnistía de 1977 fue producto de los pactos de la Transición española, Ley aprobada el 17 de octubre de 1977, con los apoyos de UCD, PSOE, PCE y los nacionalistas vascos y catalanes, permitiendo amparar los delitos , torturas y crímenes del franquismo y afianzando la impunidad del mismo.

Los poderes políticos y el poder Judicial en el estado español siempre han rechazado investigar los crímenes del franquismo amparándose en ese “espíritu modélico” de la Transición que ha guiado tanto a la derecha neofranquista, la socialdemocracia y la izquierda reformista y oportunista , consensuando esos pactos de vergüenza y olvido para con las víctimas del franquismo y contribuyendo ideológicamente y políticamente al desarme de la clase obrera. Todo un proceso orquestado y amparado por una monarquía heredera del franquismo y garante del actual sistema de dominación burguesa. Y como no, el poder Judicial como pilar jurídico de este proceso sigue amparándose en la Ley de Amnistía de 1977 para frenar todo tipo de investigación para poder juzgar a los torturadores y criminales.

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