Decía Karl Marx que, para tener una sociedad justa, ésta debería exigir a cada cual según sus capacidades y darle según sus necesidades. Es decir, el trato igualitario no es que todas y todos tengamos las mismas condiciones, más bien es adaptar los requisitos para que en definitiva nuestra vida sea lo más equitativa posible.

En el PCPE pensamos que no todos los trabajos tienen la misma penosidad, por ello no parece justo que los requisitos para acceder a la jubilación sean los mismos. De hecho, exigir la misma edad de jubilación a un conductor profesional que a su jefe no solamente es injusto, sino que agrava y mucho las desigualdades existentes. Por ese y otros motivos, ante la invitación recibida del Consejo Sindical Obrero (CSO) de realizar una concentración por la jubilación de los conductores profesionales a los 60 años, no hemos dudado en sumarnos.

“El número de multimillonarios en la 35ª (2021) lista anual de Forbes de Los más ricos del mundo se disparó hasta alcanzar la cifra sin precedentes de 2.755 personas, 660 más que hace un año. De ellos, 493 se han estrenado en la clasificación, aproximadamente uno cada 17 horas, incluyendo 210 nuevos rostros procedentes de China y Hong Kong. Otros 250 han regresado con fuerza. Un asombroso 86% es más rico que hace un año.”  https://forbes.es/listas/93410/lista-forbes-2021-estas-son-las-personas-mas-ricas-del-mundo/

Amancio Ortega ha descendido desde la posición 6 hasta la 11, a pesar de que ha incrementado su patrimonio desde los $55.100 millones de dólares hasta los 77.000 millones. Y es que entre los primeros 2.500 multimillonarios hay 25 españolazos. Otra cosa que llama la atención es que entre estos hay muchos familiares, padres e hijos, sobrinos y tíos, etc… Y esto da al traste con ese principio que nos venden que se puede llegar a millonario trabajando…y una mierda!

Los informes de entidades tan sospechosamente comunistas como la OCDE afirman que España necesita cuatro generaciones para dejar atrás la pobreza. El 80% de los niños pobres lo serán también de adultos, según un estudio de Cáritas. Otro informe de Oxfam-Intermón dice que los ricos viven 11 años más que los menos favorecidos.

El pasado 30 de julio Deliveroo, la multinacional británica de entrega de comida a domicilio anunció su salida del negocio en el estado español (1). Aunque en su comunicado no nombra los recientes cambios en la normativa laboral, está claro que la próxima entrada en vigor de la conocida como “Ley Rider” es la causa de su más que probable salida. Y decimos probable porque, aunque han hecho este anuncio, la multinacional presente en más de 10 países dice también que consultará (de manera no vinculante) a sus empleados y empleadas sobre esta salida. Hablamos de cerca de 3500 rider en esta empresa.

El perfil rider en el estado español (2):

●             87% son hombres

●             42% entre 29 y 39 años.

●             64% proceden de Latinoamérica.

¿Qué es la Ley Rider? Se trata exactamente de un decreto-ley que se publicó en el BOE el 12 de mayo de 2021 (3) y que entró en vigor tres meses más tarde, el pasado 12 de agosto. Esta normativa busca acabar con el abuso de los “falsos autónomos”, modelo de negocio de la mayoría de estas plataformas que consiste en ahorrarse costes de contratación a través de “obligar” a hacerse autónomos a sus repartidores y repartidoras a quienes simplemente pide facturas por sus servicios. La nueva norma obliga a todas estas empresas (las más potentes son Glovo, Uber Eats y Deliveroo) a contratar a sus rider (según el ministerio de trabajo unos 18.000 rider, según la patronal unos 30.000).

En el artículo precedente, se trató, en términos generales, cómo la negociación sobre asuntos de suma importancia para la clase obrera ha sido asumida por los agentes sociales -patronal y los dos sindicatos mayoritarios fundamentalmente- y el gobierno de turno, quedando la clase obrera totalmente al margen de dichos procesos. Pero esta exclusión de los procesos negociadores no se limita a aquellos asuntos generales de ámbito estatal, sino que desciende hasta lo inmediato y concreto, como puede ser, por ejemplo, la negociación de un convenio colectivo.

Esta exclusión de la clase obrera en todo lo concerniente a los procesos de negociación y demás asuntos que le conciernen no puede entenderse sin dar un vistazo antes al conjunto de circunstancias que han ocasionado esta situación. Por un lado, la deriva ideológica que han venido padeciendo los partidos socialdemócratas y revisionistas-oportunistas, que siguiendo la hoja de ruta que les marcó la burguesía en su momento, han estrangulado cualquier manifestación reivindicativa del movimiento obrero en aras de la “paz social”, una paz que solo sirve para que, en el marco de la lucha de clases, la burguesía pueda maniobrar más cómodamente en defensa de sus intereses de clase y en perjuicio de los intereses del proletariado. Esta “paz social” o “pacto social”, solo ha servido para desarmar ideológicamente a la clase obrera, privándola de sus tradicionales formas de lucha, encauzando sus reivindicaciones por los estrechos márgenes que la legislación burguesa ha impuesto.

Si se accede a las estadísticas sobre empleo en España, sorprende a primera vista cómo NO ha habido grandes variaciones durante la hecatombe COVID.

Por más que nos vende el gobierno más pijo progre de la historia, en diciembre 2018 había un total de 18.945.624 personas de alta (trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena), en marzo 2019, 19.043.576; en noviembre 2019 19.376.878; en marzo 2020, 19.006.759, en noviembre 2020 19.022.001 y en marzo 2021, 18.920.902.(1) En resumen ¿la pérdida de empleo no se vio reflejada en las estadísticas? Había más personas de alta en 2019 que en 2018 y las mismas en 2020. Las diferencias son poco significativas y esto debe tener muchas explicaciones:

Vuelta a la normalidad,   esa que hosteleros y resto de la pequeña burguesía comercial demandaban con pasión y en ocasiones ferocidad; demanda de normalidad con la que estos paladines del libre comercio intentaron y, en ocasiones consiguieron, arrastrar tras ellos a quienes son explotados y oprimidos, a esas y esos que trabajan por salarios que no dan para cubrir las más elementales necesidades, contratados para cuatro horas con jornadas de diez y doce horas, trabajadores que jamás cobran horas extra alguna, y ¿qué decir de los considerados como aprendices? Éstos casi pagan por trabajar en el bar-cafetería-restaurante del sujeto contratador, quien asegura que, si paga a estos, no puede mantener el negocio abierto, al tiempo que presume con la parroquia  de su última adquisición motorizada o del colegio privado de las niñas.   

Trabajadoras/es que han sido manipulados, alienados ideológicamente para que consideren al dueño del negocio donde son sobreexplotados   como un compañero con las mismas dificultades que ellas/os para llegar a fin de mes.

El servicio postal nace en el año 1716, ya como servicio público para vertebrar el territorio. Han pasado más de 300 años, muchos cambios sociales desde entonces, pero la necesidad de unir a las personas sigue siendo vital para un estado. Ese es el motivo por el que la gran mayoría de países mantienen y cuidan su correo.

El correo debe servir para evitar esa sensación que tienen los habitantes de lo que hoy llamamos “España vaciada” de abandono, al ser un punto de acercar la administración a todos los lugares, por pequeños que sean.  Correos tiene más de 8.300 centros de atención y alrededor de 6.500 carteros y carteras rurales.

Es cierto que el cartero de “Crónicas de un pueblo” tiene los días contados; vivimos en la sociedad de la inmediatez (algunas veces de la estupidez, por ejemplo que te llegue tu pedido de Amazon un domingo por la mañana), y esa rapidez está reñida con precios razonables, regularidad, cercanía, que da y debe seguir dando el Correo Público.

“Tout pour le peuple, rien par le peuple” 1  . Esta frase aparecida allá por el siglo XVIII y que definía la forma de actuar de lo que, en Historia, se conoce como Despotismo Ilustrado, parece que lejos de perder su significado con el paso del tiempo sigue manteniendo toda su frescura en la actualidad.

Y esto viene a cuento de lo que, de forma rutinaria, se viene practicando por el gobierno de turno, da igual que sea de la derecha más cerril o del “más progresista de la historia”, que en unión de los llamados agentes sociales, esto es, patronal y sindicatos mayoritarios, se arrogan la representatividad de todo el conjunto de la clase obrera y de los sectores populares, no por así habérselo encomendado directamente esta clase o estos sectores, sino por virtud de unas disposiciones legales de las que ellos mismos se han dotado.

Las claves para entender este descarado escamoteo de la participación de la clase obrera en la toma de decisiones fundamentales que le afectan nos hace retroceder décadas atrás.

El panorama del sindicalismo en el Estado español es, ciertamente, bastante desolador, un movimiento obrero atomizado y dividido en múltiples sindicatos hace que nos veamos en una difícil tesitura para dar una respuesta ante la reacción que está llevando a cabo la patronal contra los derechos de los trabajadores. Tras 10 años de crisis capitalista vemos ante nuestros ojos cómo se tumban derechos que han costado mucho sacrificio conseguir.

Para situarnos de por qué se ha llegado a esta situación hay que remontarse a un pasado más bien reciente. Los Pactos de la Moncloa que firmaron las grandes centrales sindicales CC. OO. y UGT supusieron la claudicación y el abandono de la idea clave que supone la organización y la movilización para conquistar nuestros derechos.