La pandemia sacó a la luz la verdadera situación de las residencias de mayores en la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país. Fuimos testigos del horror que sucedía tras sus puertas y por fin pudimos escuchar la voz de residentes, familiares y trabajadoras de estos centros.

Ahora, casi dos años después, la situación sigue siendo la misma, poco o nada ha cambiado en estos centros y las instituciones públicas han pasado página como si esas situaciones nunca hubieran sucedido. Solo las trabajadoras han continuado su lucha, como las trabajadoras de Taliarte una de las residencias más importantes de la isla de Gran Canaria.

La Residencia mixta de pensionistas de Taliarte depende del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Ellos mismo en su web nos ofrecen la siguiente información: “la principal fuente de ingreso del IAS lo constituyen las transferencias provenientes de la Consejería de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias derivadas del Convenio de Dependencia y las del propio Cabildo para financiar gastos corrientes (Capítulo IV del presupuesto anual)”. Por lo tanto, se trata de una residencia gestionada con dinero público.

Sabemos que tenemos la fuerza suficiente y la voluntad suficiente para expulsar a Marruecos de El Sáhara, tarde o temprano saldrá de El Sáhara.

Entrevistamos a Sukeina Ndiaye Presidenta de Red-Migrante Tenerife, representante de las Mujeres Saharauis en Canarias y Presidenta de la Asociación por La Libertad del Pueblo Saharaui en Tenerife.

Sukeina es una activista incansable, tanto en defensa del derecho a la soberanía y libertad de su pueblo como en el apoyo a las personas migrantes que llegan a Canarias,  profesionalmente es intérprete de francés y de árabe y suele acompañar militantemente a juzgados y comisarías a quienes llegan en patera. Es una luchadora feminista y antirracista siempre dispuesta al trabajo construido colectivamente y solidario, desde el Unidad y Lucha agradecemos desde aquí su generosidad y contarnos “Con voz Propia” la situación en este 18 de febrero, Día Mundial de Solidaridad con las Mujeres Saharauis.

1- ¿Este 18 de febrero tiene especial relevancia por la situación que está sufriendo la activista Sultana Jaya, cual es su situación actual?

Después de 43 años salieron a la luz algunos datos inéditos sobre la huelga de las mujeres mineras bolivianas, hecho clave para derrotar al dictador Hugo Banzer en enero de 1978.

 

Las mujeres de las minas Angélica Flores, Nelly Paniagua, Luzmila Pimentel, Aurora Lora y Domitila Chungara, con una huelga de hambre, derrotaron al dictador Hugo Banzer, el 17 de enero de 1978. Seis meses después, él dejó la silla presidencial. Los detalles de esa heroica acción, desde entonces, fueron guardados bajo siete llaves. Luego de 43 años, salieron a la luz algunos datos inéditos.

La noche del martes 21 de agosto de 2001, el Sindicato (hoy Federación) de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP) —en coordinación con la Central Obrera Departamental, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, la agrupación juvenil “30 no son 30” y otras organizaciones populares— encabezó una marcha de teas en la que denunció los “30 años de impunidad” banzerista. Las cinco mujeres de las minas fueron “las invitadas especiales”.

Las mujeres somos cosas, cosas que se pueden comprar y vender. Estamos hechas, diseñadas para la satisfacción de los hombres, en todas sus necesidades, sobre todo las sexuales.

Las mujeres somos un objeto de deseo, a la entera disposición de las fantasías masculinas por muy degradantes, violentas o sublimes que estas sean. Desde que somos niñas estamos disponibles, se nos condiciona nada más abrir los ojos, se nos viste de rosa y se nos marca como al ganado.

Las mujeres tenemos que sentir placer con las prácticas sexuales que los hombres deciden y les gustan, nuestro placer es secundario o no importa.

Estos planteamientos básicos del patriarcado deben ser el mantra de los hombres que acuden a la prostitución, de los que organizan fiestas sexuales o tramas de abuso y venta de mujeres incluidas menores.

Trabajadoras de cuidados, de varios puntos del estado, están acampadas frente al Ministerio de Trabajo en justa reivindicación de sus derechos. ¿Qué es lo que piden? Pues lo menos que se despacha…tener los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras.

La Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio junto con el colectivo Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), pretenden durar lo que haga falta en sus acciones hasta revertir la situación que soportan, ante un Ministerio que, consideran, no reconoce sus derechos como trabajadoras en igualdad de condiciones. Reclaman cuestiones fundamentales: evaluación real de los riesgos laborales en su lugar de trabajo, revisión del epígrafe de jubilación, reinternalización del servicio y la cuestión de la regularización de la figura de asistente personal.

Entienden que están siendo expulsadas del ordenamiento jurídico en materia de prevención de riesgos laborales, que están discriminadas ... “Si nosotras que somos trabajadoras por cuenta ajena bajo la dirección de un empresario y, por tanto plenamente integradas en el Estatuto de los Trabajadores padecemos esta situación, las compañeras de trabajo de hogar están directamente fuera por ser su trabajo de carácter especial, no solo están expulsadas de hecho como nosotras, sino también de derecho”,  explica el comunicado conjunto.

La violencia de género en el ámbito estatal se identifica con la violencia sobre una mujer causada por su pareja o expareja. Por tanto, se trata de una aproximación restrictiva a esta realidad y de ahí la disparidad de cifras. Cuando leas esto, casi con toda seguridad ya no serán, dependiendo de la fuente, 67 o 36 los feminicidios en lo que llevamos de año, pues las denuncias y las víctimas se han incrementado hasta alcanzar niveles previos a la pandemia de la covid-19. En cifras entre abril y junio las denuncias han aumentado un 17,8% y el número de victimas un 20,4%.

Realmente para calcular la verdadera dimensión de la violencia reiterada y sistemática contra las mujeres y niñas habría que sumar a las agresiones cuya causa está en el hecho de ser mujeres y tener la consideración de sujetos subalternos, desvalorizados y subsidiarios, otras violencias punibles cuyo origen obedece a esa consideración, incluso aquellos menoscabos a la dignidad que forman parte cotidiana de la vida de muchas mujeres aunque salgan fuera de la esfera penal.

 

 

Cada mañana, tempranito, en el transporte público encuentro a otras mujeres camino del trabajo en el centro de la ciudad o de zonas residenciales. A esas mujeres no las encuentro en las páginas de los medios de propaganda, a veces ni en los denominados alternativos. En el mejor de los casos encontramos estadísticas, montañas de datos sobre mujeres y poder, igualdad en el trabajo, conciliación, paro, pensiones, horas de trabajo no remunerado, agresiones sexuales o violencia de género. Pero los datos son fríos.

Las mujeres de carne y hueso no vivimos en una burbuja de privilegios y en ninguna de esas estadísticas sobre nuestras condiciones de vida y trabajo salimos muy bien paradas. Retrocedemos a golpe y dentelladas que nos propina el capitalismo en crisis. Desde el inicio de la COVID-19, nuestra situación, como ha sucedido con el resto de nuestra clase, se ha ido deslizando por una pendiente de pérdida de derechos laborales, de pobreza, carestía de la vida, dificultades para llegar a fin de mes, de incertidumbre, de deterioro de la salud, de falta de atención sanitaria, de mayores requerimientos y tareas para atender a personas dependientes a nuestro cargo. No lo dice quien esto suscribe, lo dice el último informe de la EPA sobre “Mujeres y hombres en España 2020” y los últimos datos trimestrales1.

La clase trabajadora y los sectores populares siempre pagan las crisis capitalistas, la actual ha generado un impacto económico, social y laboral tal que ha empeorado las ya graves brechas, desigualdades y violencia estructurales existentes y como la mayoría de crisis y conflictos tiene sesgo de clase, de género y raza.

Ser mujer trabajadora, joven o migrante racializada son factores de riesgo para una mayor violencia, precariedad, pérdida de derechos y exclusión social y estar más expuestas al contagio por las condiciones laborales y sociales. 

Más del 50 % del empleo femenino está altamente precarizado, según la EPA, último trimestre 2020, las mujeres eran casi 3 de cada 4 personas trabajadoras a tiempo parcial (74,37 % frente al 25,63 % hombres). En 2020, la destrucción de empleos temporales superó en 2,4 veces la de contratos fijos. Casi un 40 % de las mujeres trabajan en sectores con más caída salarial y representan el 55,6 % del aumento de desempleo, con una tasa de paro del 17 % (agosto de 2021) y con menos opciones de teletrabajo o acceso a ayudas.

Un 87,17 % de las excedencias por cuidado en 2020 fueron a mujeres, asumieron el aumento de responsabilidades domésticas y tareas de cuidados abandonando el mercado laboral, así “concilia” el capital.

Durante la crisis política de 2004, las organizaciones de mujeres fueron de las primeras en denunciar los excesos del gobierno de Aristide. Pero tras el derrocamiento del expresidente, los secuestros y las agresiones contra las mujeres han agravado el panorama urbano. Con el pretexto de mantener la paz, las Naciones Unidas enviaron la llamada Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización y la Paz en Haití (MINUSTAH), que quedó bajo el mando militar de Brasil. Las feministas la consideraron una fuerza de ocupación y aprovecharon para crear dos estructuras que congregaron a las organizaciones feministas y de mujeres: la Coordinación Nacional de Defensa de los Derechos de la Mujer (CONAP) y la Concertación Nacional. En el seno de estas dos estructuras lideraron una década de lucha legislativa que abarcó: la penalización de la violación, la legislación sobre el trabajo doméstico, la unión consensual y la paternidad responsable, así como el cambio de nombre de diferentes calles, conmemorando diferentes figuras femeninas en todo el país.

Entre 2004 y 2018, un gran número de soldados de la ONU violaron a mujeres y hombres jóvenes, abandonaron a sus hijos nacidos en Haití y fomentaron la prostitución, al tiempo que llevaron al país una epidemia de cólera. Las feministas han reclamado que se procese a la MINUSTAH tanto por las violaciones cometidas como por la introducción del cólera. Además, en 2006, el feminicidio vinculado a la violencia de las bandas armadas emergió en el panorama político haitiano, como lo atestigua el secuestro y asesinato de Natacha Kerby Dessources.

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