El 27 de mayo se cumplen 10 años desde la aprobación de la ley del juego; ley que dio vía libre a la multiplicación de salas de juego y casas de apuestas por todos nuestros barrios.

En estos diez años no han parado de extenderse, llenando los medios de su publicidad, los barrios de sus locales y a la juventud de problemas con el juego, las apuestas y la ludopatía.

Aunque el año pasado el juego presencial bajó por el confinamiento, el juego online facturó 850 millones, creciendo un 14% respecto al año anterior.

La Región de Murcia cuenta con la tasa más alta del país de locales de apuestas por habitante. Cuenta con una sala por cada 4.263 personas, más del triple de la media nacional (una por cada 13.326). 

La liberalización casi total de este sector en el año 2013 ha supuesto una fuente de ingresos con la que el capital recupera parte de su tasa de ganancia perdida durante la crisis capitalista. Ganancias brutales de este negocio que ascendieron a 750 millones de euros netos en 2019 y nacen de la imposibilidad de que el jugador gane. En el periodo comprendido entre 2006 y 2018 se incrementaron en un 249,64% el número de salones de apuestas autorizados en la Región. Además, esta cuenta con la friolera de 87 empresas autorizadas para la explotación de salones de juego, bingo y organización y explotación de apuestas.

Tras las protestas contra la condena de Pablo Hasél, la agresión que cometieron dos policías fuera de servicio en Linares o las cargas policiales indiscriminadas en la Plaza Roja de Vallecas, vemos el papel que ocupan las fuerzas policiales dentro de la estructura de poder. Usando estrategias como envolver a la manifestación sin dejar salir a nadie, para crear una sensación de agobio, estrés y falta de control en los manifestantes. Para ir calentando el ambiente con registros aleatorios y desprecio absoluto hacia los manifestantes. Para así justificar las cargas y palizas, en el momento que alguien incumpla alguna ley. O en Linares donde directamente aplastaron las protestas con una violencia totalmente desproporcionada, incluso usando munición real contra manifestantes y golpeando a cualquiera, incluso a personas con sus hijos ajenos a las protestas.

Las movilizaciones y disturbios a raíz del ingreso en prisión de Pablo Hasel nos dejan una serie de lecciones y aprendizajes de gran interés para el futuro, con especial atención a lo ocurrido el 20 de Marzo en Madrid.


El primero es el que ha quedado más evidente: la socialdemocracia (PSOE-Podemos) reprime al movimiento popular de la misma manera que los partidos de la derecha. Con una única diferencia, la socialdemocracia reprime prometiendo que no lo hará. Tras años oyendo a Podemos, IU y PCE hablar de antifascismo y de la derogación inmediata de la Ley Mordaza en cuanto llegasen al gobierno, la realidad que nos encontramos es la de unas tasas  de represión igual o mayor que en los años de gobierno de Rajoy. A la misma vez que desde la izquierda del pacto social se habla de anomalías democráticas por el encarcelamiento de Hasel, se niegan a dar la orden ministerial que impida su entrada en prisión y apoyan la reafirmación de la fiscalía y judicatura en la condena.

El 16 de julio del año pasado, varios militantes y simpatizantes de la JCPE nos desplazamos a Astillero (Cantabria) para acudir a la convocatoria en apoyo a una familia, con menores a cargo, que iba a ser desahuciada.

Aquel día llegamos a primera hora de la mañana al lugar, donde nos encontramos un dispositivo policial similar a los que podemos ver en un atentado, portando incluso metralletas, rodeando por completo el portal. La tensión se palpaba en el ambiente, estando entre ellos y nosotros un vallado de metal (puesto de forma ilegal, sin previa notificación) que nos impedía acceder al portal para impedir el desalojo. Tras varios minutos, a la llegada del cerrajero se le impide el paso mediante un cordón humano, al que la Guardia Civil responde sin mediar palabra usando la violencia, en ese momento un militante de la JCPE fue arrastrado dentro del portal para ser insultado y golpeado. Él relata así lo sucedido:

La militancia comunista no tiene por qué respetar las expresiones de los capitalistas en nuestros barrios

El capitalismo es un sistema pensado y diseñado para robar el fruto de su trabajo a la clase obrera, afirmación tan conocida que ni hace falta profundizarla más. También sabemos que la clase obrera trabaja para producir mercancías, bienes y servicios que hacen el mundo funcionar. Sin nuestro trabajo no existe capitalismo ni capitalistas, por eso les llamamos parásitos, porque sin aportar nada a la sociedad, los capitalistas viven de nuestro trabajo y controlan nuestras vidas.

Dentro de la clase burguesa, existe un sector de la burguesía cuya actividad económica se centra en la especulación, el robo y la estafa. Hablamos de casas de apuestas, inmobiliarias, bancos, propietarios de viviendas, aseguradoras y similares. Estas son empresas e individuos cuyo negocio es robarnos el dinero que con tantas horas y sudor nos cuesta ganarnos.

Pongamos, para ejemplificar esto, el caso de cualquier joven trabajador que busca emanciparse de casa, de la casa familiar. Tras pasar la tremenda odisea de encontrar un trabajo que le permita ganar un sustento con el que sobrevivir, tendrá que enfrentar otra nueva carrera de obstáculos, en la que la primera etapa es buscar vivienda. Tras visitar decenas de zulos y ratoneras, encontrará una que le parezca aceptable.

Ante la sentencia de la Audiencia Nacional y la posterior detención y encarcelación del rapero Pablo Hasél, se han realizado diversas concentraciones y manifestaciones a lo largo de todo el Estado pidiendo su libertad, participando la  JCPE en varias de ellas.

La detención y encarcelación de Hasél es una violación flagrante del derecho fundamental de libertad de expresión y un episodio más de la violencia que ejerce el estado burgués. Vemos como siempre los límites a la libertad de expresión y las represalias son aplicados contra el pueblo trabajador y aquellas personas que deciden denunciar su carácter opresor , mientras que nazis y fascistas, incluso pertenecientes a los cuerpos represivos de la policía o el ejército, pueden lanzar sus mensajes de odio y actuar con total impunidad. En definitiva, en el capitalismo la clase trabajadora puede verse desposeída de sus derechos en cualquier momento, más aún cuando lo que se hace es denunciar precisamente la explotación y las injusticias de este sistema, como en este caso.

 

La serie "La Veneno" ha acercado a muchos hogares una realidad que poco a poco empieza a ser más conocida, pues hasta hace poco años era prácticamente un tabú.

La serie nos adentra en la vida de Cristina Ortiz Rodríguez, conocida como La Veneno, una mujer trans que desde pequeña tuvo que soportar el rechazo y la discriminación de su familia y su entorno por su identidad de género y tuvo que buscar su lugar en una sociedad que la hacía bascular entre el desprecio y el morbo televisivo de la época de los noventa.

Pero si realizamos un análisis más detallado de la serie podremos observar las contradicciones propias de una sociedad dividida en clases.

El inicio de 2021 ha vuelto a traer a nuestras casas una situación ya tan recurrente en la vida española casi como el debate de la tortilla de patatas con o sin cebolla. El de millonarios, empresarios, deportistas o famosos que cambian su residencia a un tercer país para evitar el pago de impuestos a hacienda. Si años atrás el punto de mira se colocaba sobre empresarios que se mudaban a Suiza, ahora podemos hablar de una nueva oleada de youtubers emigrando desde España hacia Andorra.

Por una vez, empezaremos dando la razón a las consignas del liberalismo económico más radical. Sí, los impuestos son un robo. En concreto un robo a la clase obrera, la única capaz de generar valor y por tanto de generar excedentes que permiten, aparte de producir la mercancía, pagar la vivienda y alimentación del obrero (lo que en Marxismo se llama la reproducción de la fuerza de trabajo), llenar los bolsillos de empresarios, ejecutivos y accionistas y por último pagar impuestos directos (sobre la renta, retenciones a la seguridad social, etc) o indirectos (IVA) con los que el estado mantiene los servicios públicos. Alguien en este momento dirá que las empresas también pagan impuestos y no todas están en paraísos fiscales, a lo que fácilmente cabría responder que las empresas pagan impuestos con la plusvalía extraída a la clase obrera, pues las empresas no generan dinero por el mero hecho de existir, lo generan porque hay gente trabajando en ellas.