Pedro Sánchez asiste a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Fuente: Lamoncloa.gob.es
La Unión Europea y, por tanto, el Estado Español, está sometida a la decadente hegemonía imperialista estadounidense. Esto posibilita que se cumplan, a pie juntillas, las “obligaciones” y encargos que nos corresponden como miembros (periféricos y subsidiarios) del Occidente Colectivo. En este sentido, independientemente de la facción de la burguesía que hubiere entrado a gobernar España, el cumplimiento de los compromisos estaba garantizado.
Valga como ejemplo de esta afirmación, entre otros, el rol que IU, Podemos y el PCE jugaron en la Cumbre de la OTAN de Madrid del 29 y 30 de junio de 2022 y las declaraciones clarificadoras de Enrique Santiago: “si formamos parte de una organización internacional y tenemos obligaciones, es obvio que mientras formemos parte, hay que cumplirlas”. Entre estas obligaciones: alcanzar el 2% de nuestro PIB en defensa o ampliar de uso de las bases yanquis.
Es la pertenencia a la UE y al euro, la que garantiza las reformas estructurales mandatadas por su oligarquía, en torno a la fiscalidad, las pensiones, el trabajo… y aquellas derivadas de la división internacional del trabajo que nos asigna una economía extractiva, con la degeneración del territorio que ello conlleva. Los préstamos e inyecciones económicas Next Generation son avales del cumplimiento de estos compromisos.
Este alineamiento monolítico en cuestión de relaciones internacionales, no resulta tan pacífico en lo que respecta al propio ámbito interno. Aquí, las burguesías periféricas confrontan con una burguesía central que se aferra con ahínco, a nuestras tradiciones más rancias. Por otro lado, cada vez son más manifiestos, los distintos intereses faccionarios en el seno de la burguesía española y la disputa sobre la propia gestión del capitalismo, sus alianzas y sus modos.
El incremento de esta división pone de relieve la agudización de la crisis general del sistema y, por tanto, su dificultad para satisfacer las pretensiones y necesidades burguesas que, como consecuencia ineludible, confrontan entre sí por el reparto del plusvalor social y la dirección de la política de rapiña, cada vez más competitiva.
La gestión socialdemócrata (con el proyecto Sumar, como elemento sine qua non), garantiza otro periodo de paz social, en un momento en que la pérdida de capacidad adquisitiva del pueblo trabajador, por la alta inflación, el estancamiento de los salarios, la subida del euríbor... debería incitar a la movilización social y a la ruptura de los pactos sociales, habiéndose demostrado empíricamente que han sido los causantes principales del retroceso de nuestras posiciones de clase. Estabilizar otra legislatura bajo estas premisas supone la concesión de prebendas a quien da soporte. Aquí es donde aparecen los famosos acuerdos; la amnistía, la condonación de deudas adquiridas por adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el compromiso de aumentar las partidas asignadas a determinadas autonomías de los Fondos Next Generation. Pero, lógicamente, nada que afecte en lo sustancial a los intereses de la clase dominante y, por lo tanto, asumibles. En esta lógica debemos leer las propuestas laborales que el equipo de Yolanda Díaz introdujo para la investidura.
Actualmente, garantizar otro periodo de estabilidad social es fundamental para la hegemonía burguesa, ya que nos adentramos en un periodo complicado de gestionar, con la agudización de la crisis, el comienzo de las políticas de austeridad y recortes...
Del otro modo que hubiera sido posible afrontar la gobernanza, nos da pistas, el carácter de las movilizaciones contra la amnistía y el perfil de sus participantes. La implementación forzosa de políticas antiobreras, por medio del aumento represivo, en lugar del consenso, nos llevará, cuando se les encargue la gestión del capitalismo español, a un escenario desconocido, tanto para la clase dominante actual, como para trabajadores y trabajadoras. Esta opción, lógicamente, queda reservada para períodos de agudización de la lucha de clases. Estamos en puertas de ver esta realidad.
En estas claves debemos entender los acuerdos de investidura y los pactos alcanzados entre fuerzas políticas distintas y no en la superficialidad de la literalidad de su redactado o la inmediatez de sus objetivos, como nos cuentan, tanto los protagonistas firmantes, como la oposición y/o sus voceros. Ambos crean un relato que oculta los elementos sustanciales y materiales que la dialéctica de la lucha de clases nos va situando en cada momento.
Kike Parra
