Estamos en guerra. No, no es que sea Palestina o Ucrania, o lo que está por venir; estamos en guerra desde siempre. La humanidad casi siempre ha estado en guerra, el Capital la financia y la fomenta; pero desde que desapareció la URSS, que parecía la responsable de una guerra mundial nuclear que acabaría con el planeta, no ha dejado de haber guerras.
Todas las guerras han sido de rapiña, pero hay una guerra continua que es la manifestación más evidente de la lucha de clases. Es la guerra que nos hace el Capital a diario y que cualquiera diría que estamos perdiendo, que la clase obrera está sumida en una pesadilla y no se sabe cuándo va a despertar.
La guerra nunca es abierta: es una guerra sucia, sutil, fría, a veces con sangre, otras no; pero siempre con una represión implacable. Julian Assange, en la cárcel por airear lo que todos y todas sabemos; Valtònyc, exiliado; Pablo Hasél en la cárcel; Pablo González en una cárcel polaca sin ninguna garantía jurídica y sin juicio. Pero hay más, esa guerra sucia también nos lleva a la ley mordaza y a las multas que sólo afectan a los y las pobres.
En el derecho penal se estudiaba que las multas son una condena injusta, que las sanciones pecuniarias administrativas tenían que adaptarse a la capacidad económica del infractor. Pero en España seguimos manteniendo las multas, la pena de muerte civil para los pobres. Si te manifiestas y no les gusta lo que dices, te pueden caer hasta 30.000 euros de multa por una infracción grave y hasta 600.000 por una muy grave. ¿Y cuáles son las muy graves? Pues "las manifestaciones o reuniones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se presenten servicios básicos para la comunidad; fabricación, almacenamiento, venta o utilización de armas reglamentarias, cartuchos o pirotecnia; o la celebración de espectáculos públicos previamente prohibidos o suspendidos".
Y tal y cómo se configura todo el sistema jurídico, hecho por y para la clase dominante, y a la vista de los últimos acontecimientos, cualquier acto puede considerarse terrorismo.
El ataque en los últimos años es brutal. En Alemania la represión es grande, en Francia, en Inglaterra, en Dinamarca, en todo ese jardín europeo del que presumía el fétido Borrell, y cómo no en España. El último escándalo judicial no es que un juez diga que hasta salir a la calle es terrorismo, banalizando una actividad de la que todos/as deberíamos tener miedo (sobre todo si el terrorismo es de Estado, como ocurrió en este país durante la dictadura y sus estertores, o en las dictaduras latinoamericanas, o en Israel); no, después de condenar a los jóvenes de Alsasua por una pelea de bar, nuestra judicatura acaba de despacharse con otra sentencia ejemplarizante. Esta vez se trata de 6 jóvenes de Zaragoza, condenados por manifestarse contra un mitin de Vox. Mézclense churras y merinas en este nuevo desatino judicial, que bien podría haberse enmarcado dentro de la ley mordaza, pero que extrapolan a un delito muy grave, condenándolos a 4 años y nueve meses de prisión a los 4 mayores de edad y con la única prueba de “la opinión policial”.
La condena, sacando de contexto los hechos, ha sido por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones a policías. Y digo yo: si esto fue a unos pocos jóvenes manifestándose contra los protofascistas libertarios de Vox, ¿cuánto debería caerles a los que se han manifestado frente a Ferraz, o a los que meten casquillos de bala en los buzones del PCPE, o al nieto de Franco que atropelló a un guardia civil? No seáis ingenuos; nada, no les caerá nada. Como tampoco a los “honrados agricultores” que cortaron las carreteras y empujaron a antidisturbios. Nada, no como a los trabajadores del metal de Cádiz, a los que apalearon, incluso metiendo tanquetas de la policía en los barrios. Aún está pendiente el juicio a una camarada por haber hecho frente a la policía, mientras intentaba salvaguardar a sus vecinos.
Estos son algunos casos, sin duda hay más, miles… en el día a día, en la autocensura, en la censura descarada de las redes sociales, los "mass media", en el hostigamiento económico continuo a la clase trabajadora.
Para salvar a esos jóvenes de Zaragoza, posiblemente haya que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tal y como está el jardín borreliano, cada vez tiene que tener que resolver más casos de vulneración de esos derechos. Por cierto, España, dice ese órgano imparcial llamado Consejo General del Poder Judicial, está entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Debe ser que los españoles no tenemos capacidad económica para llegar hasta ese nivel.
¿Estamos o no estamos en guerra?
Juan Luis Corbacho
